QUE ES LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público.
A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento social del hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que posteriormente formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los demás seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo medio según sus necesidades.
El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, por la otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es que exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que el hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario que proteja los recursos renovables y no renovables y que tome conciencia de que el saneamiento del ambiente es fundamental para la vida sobre el planeta
La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza.
La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la naturaleza (fuentes naturales) o bien debido a los diferentes procesos productivos del hombre (fuentes antropogénicas) que conforman las actividades de la vida diaria.
Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico más importantes son: industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, actividad minera y petrolera), comerciales (envolturas y empaques), agrícolas (agroquímicos), domiciliarias (envases, pañales, restos de jardinería) y fuentes móviles (gases de combustión de vehículos). Como fuente de emisión se entiende el origen físico o geográfico donde se produce una liberación contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o al suelo. Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido, para su estudio y su interpretación, en esos tres componentes que son: aire, agua y suelo; sin embargo, esta división es meramente teórica, ya que la mayoría de los contaminantes interactúan con más de uno de los elementos del ambiente.
A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento social del hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que posteriormente formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los demás seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo medio según sus necesidades.
La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza.
La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la naturaleza (fuentes naturales) o bien debido a los diferentes procesos productivos del hombre (fuentes antropogénicas) que conforman las actividades de la vida diaria.
Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico más importantes son: industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, actividad minera y petrolera), comerciales (envolturas y empaques), agrícolas (agroquímicos), domiciliarias (envases, pañales, restos de jardinería) y fuentes móviles (gases de combustión de vehículos). Como fuente de emisión se entiende el origen físico o geográfico donde se produce una liberación contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o al suelo. Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido, para su estudio y su interpretación, en esos tres componentes que son: aire, agua y suelo; sin embargo, esta división es meramente teórica, ya que la mayoría de los contaminantes interactúan con más de uno de los elementos del ambiente.
Nuestra región, con su democracia de frágil institucionalidad y sus altas tasas de pobreza y corrupción, es objeto de particular atención por los importantes recursos naturales que posee. En tal sentido, 13 países de América Latina y el Caribe figuran entre los 15 mayores proveedores de recursos mineros del mundo.
Chile es el primer productor de cobre, Brasil se encuentra entre los tres principales productores de hierro, México es el primer productor de plata, Bolivia es el cuarto productor de estaño y Colombia es el séptimo productor de níquel refinado. En su conjunto la región cuenta con 65% de las reservas de litio, 49% de plata, 44% de cobre y 33% de estaño del planeta. Entre 2006 y 2010 América Latina y el Caribe fue la segunda región con mayores reservas petroleras después de Medio Oriente y actualmente registra un tercio de la producción mundial de bioetanol, cerca de 25% de combustibles y 13% de petróleo.
La región cuenta también con un tercio de las reservas de agua dulce, 48% de la producción mundial de soja y 21% de la superficie de bosques naturales. Sin embargo, a pesar de su riqueza en recursos naturales, históricamente los países de América Latina y el Caribe han tenido dificultades para lograr traducir la explotación y comercialización de productos primarios en procesos de desarrollo -y sobretodo progreso social- de largo plazo.
El punto de inflexión que presenta la economía como resultado de las crisis de 2008 y 2011, así como el ciclo favorable de precios internacionales que las exportaciones de hidrocarburos, minerales y productos agrícolas, pueden ofrecer, según los expertos de laCEPAL, “una nueva oportunidad para plantear en América Latina un profundo debate sobre cómo aprovechar la explotación y exportación de los recursos naturales para maximizar su contribución al desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental”.
Se presenta entonces un panorama complejo y diverso en donde interactúan situaciones muy distintas pero que todas ellas aportan un grado adicional de dificultad: una creciente demanda internacional de algunos minerales y gas en enormes cantidades, obtenidos a los más bajos costos posibles; ingentes zonas naturales impactadas negativa y profundamente; países y localidades que necesitan menguar el desempleo acuciante y acrecentar sus respectivas economías; poblaciones que ven alterados sus derechos y estilos de vida ancestrales; poderes públicos poco eficientes o que aceptan condiciones en detrimento de intereses superiores como el cuidado del ambiente; legislaciones insuficientes o ineficaces en su aplicación.
Estado de conflictividad por recursos extractivos
Ante esta coyuntura de excesiva presión sobre un recurso limitado (suelo) demandado por diversos actores de la sociedad, los conflictos sociales se suceden en cantidad y con distintos niveles de intensidad, llegándose inclusive a episodios de violencia física. Además, frecuentemente, se involucran medios de comunicación social, organismos supranacionales y organizaciones de la sociedad civil apoyando a una u otra parte en disputa.
El conflicto se produce cuando la extracción desaprensiva provoca la degradación del ambiente chocando con los intereses de la sociedad (sobre todo a nivel local) y de los gobiernos que tienen la responsabilidad primaria e irrenunciable de velar por el bienestar general. Asimismo hay que recordar que este tipo de actividad siempre genera un alto impacto cultural en quienes habitan la zona, sobre todo cuando son pequeños poblados, parajes rurales, comunidades aborígenes, etc.
Según la base de datos de conflictos mineros del Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Coordinación Ejecutiva del Observatorio de Conflictos Mineros en América latina (OCMAL)se registran -a 2013- un total de 204 conflictos en 19 países de la región (6 de ellos son de carácter transfronterizo), los cuales afectan a 297 comunidades.
Crisis ambiental en Casanare en la mira de la Procuraduría
Bogotá_
La Procuraduría General de la Nación dispuso una comisión para que analice la situación ambiental que se presenta en el departamento del Casanare, afectado por un periodo de sequía.
La idea de la comisión es entrar a revisar las medidas que han tomado las autoridades regionales tras la expedición de licencias de exploración de petróleo en la región del Casanare.
El procurador delegado para Asuntos Ambientales, Óscar Darío Amaya, señaló que se trata de analizar si se han cumplido con los planes de mitigación que exigen dichas licencias.
Amaya resaltó que lo que puede estar sucediendo en el Casanare es una suma de factores asociados al hombre y al cambio climático, por lo que es necesario establecer si se han presentado omisiones de los funcionarios para frenar los impactos ambientales.
Amaya señaló que también están analizando realizar nuevos seguimientos a los departamentos de la Costa Atlántica, en donde se pueden presentar emergencias ambientales similares a la del Casanare.
El procurador Amaya indicó que es importante determinar con las autoridades climáticas los cambios que se están presentando en diferentes regiones del país, en especial, con la temporada de sequía.
“Nosotros sabemos que el cambio climático debe ser tenido en cuenta en los esquemas de ordenamiento territorial y lo que hay que evaluar es cuál ha sido la protección del recurso hídrico que han establecido las autoridades ambientales nacionales y regionales, así como los alcaldes de las zonas afectadas con la sequía”, agregó Amaya
Ante la crisis ambiental que enfrenta el departamento del Casanare, la Procuraduría le solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), copia de todos los actos administrativos mediante los cuales esa entidad o el hoy Ministerio de Ambiente otorgaron licencias ambientales para proyectos en la región durante los últimos tres años.
Esto, “teniendo en cuenta la crítica situación de sequía que en la actualidad atraviesa el departamento del Casanare, la cual ha derivado en notables y graves efectos ambientales relacionados con el deterioro hídrico y el aniquilamiento de una considerable cantidad de especies allí asentadas”.
En ese sentido se pidió a la Anla informar cuántos procesos sancionatorios ha iniciado como consecuencia de incumplimientos a obligaciones establecidas en las licencias ambientales otorgadas.
La Procuraduría además pidió que se determine si en algunos de estos proyectos licenciados fue delegada formalmente la labor de seguimiento de la Corporación Autónoma Regional con jurisdicción en el departamento del Casanare.
partes de otros países que se encuentran en riesgo ambiental
Pereira, bajo un sol ardiente y a 30 grados
Las temporadas de sequía ocurren, según expertos del Ideam, por la presencia de vientos muy fuertes que disipan la nubosidad y por el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial lo que causa que el volumen de lluvia disminuya notablemente en algunas zonas del país, mientras que en otras tiende a mantener un nivel moderadamente bajo.
Esta situación climática incide en las altas temperaturas que por estos días vive Pereira y el resto del país. Hasta ciudades frías como Tunja, experimentan esta oleada de calor.
Diana Carolina Ramírez, directora de gestión de riesgo de Risaralda, aseguró que todos los municipios del departamento cuentan con planes de contingencia, estrategias para emergencia y planes de gestión de riesgo. Por su parte, expertos de la Carder explican que cuando se advierte sequía, se recurre al plan de contingencia que consiste en solicitarle a los acueductos, urbano el agua para el suministro.
El Atlas ambiental
Esta semana se hizo pública una investigación que enumera los conflictos ambientales del planeta con un listado de los países que más los padecen.
Colombia ocupa el primer lugar en el continente y el segundo en el mundo.
El Atlas Global de Justicia Ambiental, financiado por la Unión Europea, registra 1.000 conflictos significativos, de los cuales el país tiene 72.
Solo la India, con 102, la supera. A Colombia le siguen Brasil y Nigeria con 58; Ecuador, 48; Turquia, 45; España, 35 y Estados Unidos, 34. En Risaralda el Atlas menciona los conflictos ecológicos, por las demandas de materiales y energía de la población mundial de clase media y alta. Entre ellos enumera la minería en Quinchía y la construcción del parque de fauna y flora en Pereira y los problemas que afrontan los acueductos veredales.
Carlos Arturo López, ex- gobernador de Risaralda, indica que el departamento es modelo en conservación de bosques a nivel nacional. sin embargo, hay problemas de contaminación en los ríos Consota y Otún.
Acueductos veredales
Corregimientos y veredas se ven afectados por la falta de agua, debido a que no tienen la infraestructura adecuada, o por movimientos de tierra que han deteriorado los acueductos. Uno de ellos es la vereda Las Hortensias en Dosquebradas, donde hace más de un mes no hay servicio de agua.
“Un alud causó daños y desde entonces, no hay agua, y las 50 familias de la vereda están afectadas” manifestó Rosario Arango, a cargo del acueducto de la vereda, quien agregó que la entrega de licencias de construcción en la zona, sin tener en cuenta la poca capacidad del acueducto rural, ha hecho que se encuentren en crisis.
En el corregimiento de San Clemente en Guática, no hay agua hace 23 días.
“Un alud causó daños y desde entonces, no hay agua, y las 50 familias de la vereda están afectadas” manifestó Rosario Arango, a cargo del acueducto de la vereda, quien agregó que la entrega de licencias de construcción en la zona, sin tener en cuenta la poca capacidad del acueducto rural, ha hecho que se encuentren en crisis.
En el corregimiento de San Clemente en Guática, no hay agua hace 23 días.
Impacto de obras en zonas cercanas
Según el Atlas de Justicia Ambiental, el caso que se presenta por la construcción de un Parque Temático en la vereda Esperanza Galicia es un megaproyecto que afectaría a los habitantes de esta zona, porque se intensificaría la amenaza de las viviendas que ya se encuentran en zona de alto riesgo.
“La población se encuentra en inminente amenaza por aguas represadas en la vía, inundaciones cuando hay temporadas de lluvias, viviendas construidas en cercanías a nacimiento de agua, serios procesos de contaminación hídrica e inestabilidad de terrenos donde se encuentran localizadas las viviendas, así como también sufren la proliferación de plagas y vectores que causan enfermedades en la población” dice el informe.
Por su parte Javier Monsalve Castro, Gerente del Infi Pereira explicó que el parque va a ser una solución integral para los problemas que vive la zona. “Los problemas en ese sector no son por la construcción del parque, hemos sembrado 13 hectáreas de bosques de conservación y habrá saneamiento en la zona” dijo.
“La población se encuentra en inminente amenaza por aguas represadas en la vía, inundaciones cuando hay temporadas de lluvias, viviendas construidas en cercanías a nacimiento de agua, serios procesos de contaminación hídrica e inestabilidad de terrenos donde se encuentran localizadas las viviendas, así como también sufren la proliferación de plagas y vectores que causan enfermedades en la población” dice el informe.
Por su parte Javier Monsalve Castro, Gerente del Infi Pereira explicó que el parque va a ser una solución integral para los problemas que vive la zona. “Los problemas en ese sector no son por la construcción del parque, hemos sembrado 13 hectáreas de bosques de conservación y habrá saneamiento en la zona” dijo.
La minería y sus consecuencias
Otro de los problemas ambientales que destaca el Atalas en Risaralda, es el de la minería en Quinchía, la cual contamina considerablemente fuentes hídricas.
“Las condiciones de los habitantes de la zona están cambiando a un ritmo acelerado, cada vez son más las personas que dedican su tiempo para las actividades mineras, este impulso que promueven las diferentes instituciones Estatales, así como también las diferentes multinacionales ha llevado a que entre otras cosas, el campesino tradicional pierda sus practicas, entre estas la seguridad alimentaría vital actividad de sustento de estas poblaciones” dice el informe.
“Las condiciones de los habitantes de la zona están cambiando a un ritmo acelerado, cada vez son más las personas que dedican su tiempo para las actividades mineras, este impulso que promueven las diferentes instituciones Estatales, así como también las diferentes multinacionales ha llevado a que entre otras cosas, el campesino tradicional pierda sus practicas, entre estas la seguridad alimentaría vital actividad de sustento de estas poblaciones” dice el informe.
Problemática ambiental en Colombia
Las causas de la problemática
"El crecimiento desordenado de las ciudades y los vacíos en los asuntos de saneamiento básico, son las causas del gran problema ambiental del país", afirma la ex directora de la CAR, Gloria Lucía Álvarez, quien señala que la situación se deriva de la mala planificación urbanística y del manejo "desarticulado" que se le está dando al Plan de Ordenamiento Territorial (POT - Ley 388 de 1997).
Por su parte, la viceministra de Ambiente, Claudia Mora Pineda, señala que la problemática ambiental en Colombia ha crecido por aspectos tales como la extracción indiscriminada de recursos naturales, la falta de mecanismos para cobrar a los particulares por el deterioro ambiental causado, la ausencia de control efectivo para la contaminación y el desconocimiento de mejores tecnologías para prevenir y disminuir la contaminación.
Mora Pineda sostiene que el Plan de Desarrollo enfoca sus esfuerzos en generar una dinámica de recuperación del ecosistema, lo que se reflejaría en un presupuesto histórico de $8,2 billones para saneamiento hídrico durante el cuatrienio que apenas comienza.
La tarea no da espera, cada uno de los actores involucrados debe iniciar acciones inmediatas de lo contrario ni siquiera se tendrán 40 años para empezar a pagar a precio de oro el agua para quienes la tengan disponible.
El sector privado
De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, la mayoría de los sectores productivos genera importantes descargas contaminantes, por el uso descontrolado de recursos naturales como insumos. Los que encabezan la lista son el agroindustrial, el manufacturero, el minero-energético, el de infraestructura y el de bienes y servicios.
El impacto redunda en la contaminación hídrica (en especial de la industria química, farmacéutica y de transformación), atmosférica (generada por fuentes móviles y fijas que emiten gases como óxidos de nitrógeno y azufre, monóxido y dióxido de carbono, e hidrocarburos) y residual (pues se producen cerca de 18.000 toneladas diarias, de las cuales 14.000 son de origen doméstico).
Y aunque el panorama señala con dedo acusador a los empresarios, ya algunos sectores se han puesto en la tarea de ‘jalarle' a la producción limpia, prueba de ellos es que han incluido el tema como parte fundamental de sus programas de responsabilidad social.
Sin embargo, las fuentes consultadas coinciden en que aún falta trabajo por hacer, pues hay algunas industrias, en especial micro y pequeñas empresas, que no están asumiendo los compromisos en este tema.
"El crecimiento desordenado de las ciudades y los vacíos en los asuntos de saneamiento básico, son las causas del gran problema ambiental del país", afirma la ex directora de la CAR, Gloria Lucía Álvarez, quien señala que la situación se deriva de la mala planificación urbanística y del manejo "desarticulado" que se le está dando al Plan de Ordenamiento Territorial (POT - Ley 388 de 1997).
Por su parte, la viceministra de Ambiente, Claudia Mora Pineda, señala que la problemática ambiental en Colombia ha crecido por aspectos tales como la extracción indiscriminada de recursos naturales, la falta de mecanismos para cobrar a los particulares por el deterioro ambiental causado, la ausencia de control efectivo para la contaminación y el desconocimiento de mejores tecnologías para prevenir y disminuir la contaminación.
Mora Pineda sostiene que el Plan de Desarrollo enfoca sus esfuerzos en generar una dinámica de recuperación del ecosistema, lo que se reflejaría en un presupuesto histórico de $8,2 billones para saneamiento hídrico durante el cuatrienio que apenas comienza.
La tarea no da espera, cada uno de los actores involucrados debe iniciar acciones inmediatas de lo contrario ni siquiera se tendrán 40 años para empezar a pagar a precio de oro el agua para quienes la tengan disponible.
El sector privado
De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, la mayoría de los sectores productivos genera importantes descargas contaminantes, por el uso descontrolado de recursos naturales como insumos. Los que encabezan la lista son el agroindustrial, el manufacturero, el minero-energético, el de infraestructura y el de bienes y servicios.
El impacto redunda en la contaminación hídrica (en especial de la industria química, farmacéutica y de transformación), atmosférica (generada por fuentes móviles y fijas que emiten gases como óxidos de nitrógeno y azufre, monóxido y dióxido de carbono, e hidrocarburos) y residual (pues se producen cerca de 18.000 toneladas diarias, de las cuales 14.000 son de origen doméstico).
Y aunque el panorama señala con dedo acusador a los empresarios, ya algunos sectores se han puesto en la tarea de ‘jalarle' a la producción limpia, prueba de ellos es que han incluido el tema como parte fundamental de sus programas de responsabilidad social.
Sin embargo, las fuentes consultadas coinciden en que aún falta trabajo por hacer, pues hay algunas industrias, en especial micro y pequeñas empresas, que no están asumiendo los compromisos en este tema.
La principal causa del deterioro ambiental en Colombia es la guerra y el mayor atentado contra la calidad de vida es la violencia en sus múltiples formas, que solo a través del homicidio cobra más de 30 mil vidas al año", dice el pedagogo ambiental Gustavo Wilches.
Así lo confirman las masacres y desplazamientos de familias wayuu en La Guajira, de indígenas del Putumayo, de comunidades negras en el Pacífico Y campesinos en distintas regiones, además del asesinato y secuestro de directores de parques, biólogos y turistas.
La dimensión ambiental hace parte de las causas y los efectos del conflicto: la disputa del control territorial, como forma de ejercer poder político y económico a base de terror, ha cambiado la estructura de la propiedad de la tierra y por ende el uso y destino de sus recursos naturales. Tal es una de las conclusiones del seminario Conflicto armado y medio ambiente , realizado en la U. de los Andes por el Foro Nacional Ambiental (FNA).
Según Darío Fajardo, experto de la FAO de las Naciones Unidas, "la guerra ha precipitado una alta concentración de la tierra y expulsión de poblaciones, en una contrarreforma agraria hecha a bala: el 60 por ciento de los predios rurales del país es hoy propiedad del 0,6 por ciento de la población".
Estudios del experto Alejandro Reyes Posada indicaban que la propiedad rural en manos de narcotraficantes y paras estaba presente a mediados de la década pasada en 409 municipios y representaba al menos el 10 por ciento de las tierras más productivas del país.
Para el ex ministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez, dos de los mayores combustibles del conflicto son la expulsión de campesinos y su falta de acceso a tierras productivas.
El 50 por ciento de municipios enfrenta escasez de agua por deterioro de páramos y fuentes hídricas; y pérdida de bosques, biodiversidad y suelos. Esto se traduce en crisis social y amenaza alimentaria nacional, al disminuir la producción agropecuaria: más de 442 mil campesinos están desempleados y el 82 por ciento con ingreso inferior a 2.000 pesos diarios, según Fajardo.
Abono para narcotráfico?.
"La oportunidad económica generada por los cultivos ilícitos explica el aumento poblacional en regiones como la Amazonia y fuertes presiones sobre sus ecosistemas. La fumigación con glifosato, lejos de erradicarlos, ha generado una metástasis de cultivos en numerosas regiones del país y la destrucción de los últimos relictos de ecosistemas boscosos", dicen Rodríguez, Fajardo, Ricardo Vargas, César Ortiz y demás autores del estudio Guerra, sociedad y medio ambiente , publicado por el FNA.
Las raíces de este círculo vicioso podrían romperse -recomienda el estudio- con una redistribución y reordenamiento territorial que garanticen acceso equitativo a los recursos, derecho a un ambiente sano y respeto a todas las formas de vida.
INVESTIGACION EN PELIGRO.
El secuestro, el asesinato y las minas antipersonales impiden a los biólogos el trabajo de campo y han paralizado numerosas investigaciones. La directora del Parque Tayrona Martha Hernández se sumó en enero a una larga lista de funcionarios y ambientalistas asesinados.
Según Vicente Rueda, de Conservación Internacional, muchos de los 6.000 biólogos han sacrificado su vida en la labor de campo, donde deben penetrar áreas de dominio de guerrillas y paramilitares, que les achacan nexos con unos y otros. "También tenemos problemas con el Ejército. Muchas veces debemos trabajar desde la oficina sobre un país virtual. Las universidades se abstienen de enviar estudiantes".
Según Germán Andrade, entre los proyectos de investigación abandonados están las estaciones biológicas de Carpanta en Chingaza, de Caparú en el río Apaporis, de Puerto Abeja en el Parque Chiribiquete y de tortugas charapas en el bajo Caquetá.
REPARACIÓN Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS DAÑOS CAUSADOS AL MEDIO AMBIENTE POR EL HOMBRE
REPARACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
I.1. Introducción al tema.
Toda forma de reparación del daño acontecido contra el ambiente, debe necesariamente, estar en concordancia con los principios ambientales de prevención, corrección a la fuente y contaminador pagador, de conformidad el principio 13 de la Declaración de Río sobre medio ambiente y Desarrollo y los artículos 3 k) y 130 R2 del Tratado de la Unión Europea.
El sistema de reparación ideal del medio ambiente es aquel que restituye las cosas, objetos o bienes al estado anterior a aquel en que aconteció el daño. En doctrina se la ha denominado a este tipo de reparación “Reparación in natura” o “Reparación quo ante”, siendo el término más apropiado para denominar a este tipo de reparación “Restitutio in pristinum”, pues este último vocablo, no solo abarca la restitución de las cosas a su estado anterior, sino que engloba la prevención de futuros daños, gracias a la adopción de medidas correctoras.[2]
De esta forma, la “restitutio in pristinum” debe ser siempre la primera medida que ha de procurarse cuando se produce un daño al ambiente, y únicamente cuando dicha reparación sea imposible de realizar, ya sea por la irreversibilidad del daño, o bien, por un costo económico desproporcionado e irracional, se aplicarán otras formas de reparación del entorno.
Si bien es cierto, la reparación in pristinum es la forma idealizada de reparar el daño ambiental, la misma acarrea una serie de dificultades tanto en su planeamiento como en su ejecución, entre ellas: el margen de discrecionalidad con que generalmente se cuenta a la hora de realizar las obras que recomponen el ambiente, o bien, la de encontrar y armonizar los diferentes criterios técnicos y científicos sobre la forma de llevar a cabo a reparación, y por último y la más importante, la dificultad que acarrea cualquier recomposición al estado anterior de las cosas, por la falta en muchas ocasiones, de conocimientos científicos acerca de cómo era el entorno antes del hecho acaecido. Es así como, bajo ciertas circunstancias donde los daños no son excesivos, el criterio técnico y científico establece que es mejor dejar que la misma naturaleza se encargue de su regeneración, y aplicar otras formas de reparación del ambiente.
Cuando el daño es irreversible, o bien, el costo de la reparación violenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad, se debe buscar otras formas de composición del daño acaecido.[3] Una de estas formas es la restauración equivalente o también llamada restauración alternativa[4], la cual consiste en realizar obras componedores del ambiente, ya no en el lugar o fuente donde aconteció, sino en otros ecosistemas que si permitan la recomposición de sus elementos, y que igualmente se encuentran degradados. De esta forma, a manera de ejemplo, a un industrial que emita grandes cantidades de emanaciones a la atmósfera contaminándola con gases que causan efecto invernadero, se le puede obligar a sembrar o reforestar un terreno con el fin que los árboles en crecimiento sirvan de sumideros de la contaminación ambiental, o bien, a un sujeto que se le encuentre culpable de desecar un humedal causando daños irreversibles en el mismo, se le puede obligar a realizar un plan reparativo de siembra y manejo de la cuenca de un río.
Todo daño ambiental produce daños biofísicos y sociales, esto implica necesariamente una cuantificación económica. La valoración del daño en términos económicos acarrea siempre el problema de otorgar valor a bienes que por lo general son público y carecen de valor de mercado, de igual forma, existen problemas para fijar las bases y parámetros con los cuales fijar el valor de las indemnizaciones.[5] De esta forma, es necesario evaluar los daños con el fin de conocer el valor económico de los recursos naturales y de los servicios dados a la comunidad por los mismos, y que a la postre, se han disminuido o perdido, al tiempo que hay que medir el deterioro sufrido y evaluar los recursos dañados.[6]
El sujeto obligado a reparar el daño ambiental causado, es aquel por cuya conducta aconteció el daño, de esta forma éste debe pagar las multas que se le impongan, cesar en su comportamiento dañino, y por último, costear de su bolsillo la reparación del daño causado, incluyendo el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a raíz de su conducta dañina.
Sucede en muchas ocasiones, que por las dificultades que entrañan las reparaciones in natura, el sujeto culpable no cuenta con capacidades técnicas, científicas y económicas para recomponer el ambiente a su estado natural. Debido a ello, cobra importancia tanto la participación estatal como la ciudadana en la reparación del ambiente, de esta forma, si bien el sujeto actor del daño no cuenta con capacidad técnica-científica para recomponer el daño acontecido, se le debe cobrar los costos de reparación, llamando a realizar la labor a científicos, técnicos y vecinos del lugar donde aconteció el menoscabo ambiental. De esta forma tanto los particulares, el Estado y Organizaciones No Gubernamentales ambientalistas se convierten en los sujetos ideales para llevar a cabo la recomposición de los daños ambientales, al poseer recursos técnicos, científicos y económicos necesarios para una verdadera labor de restitución.
De igual forma, estos mismos sujetos antes mencionados, serían los encargados de la recomposición ambiental en los casos donde no pueda individualizarse ni identificarse al sujeto productor del daño, siendo los gastos cubiertos ya sea por el Estado[7], instituciones aseguradoras, o bien fondos de recomposición del ambiente.
I.2. La reparación del daño ambiental en la legislación costarricense.
Si bien, el tema de la obligatoriedad de la reparación ambiental como consecuencia de actividades humanas ha sido ampliamente desarrollado tanto por la legislación como por la jurisprudencia costarricense, la forma en que ello debe llevarse a la práctica se encuentra prácticamente a la libre, no existiendo por tanto, normativa que fije los lineamientos básicos al respecto.[8]
La obligación estatal en proteger y reparar los daños acontecidos en contra medio ambiente como bien de naturaleza común o colectiva, deviene de Constitución Política, Tratados Internacionales, y de la normativa de rango inferior.
Tratados internacionales y Declaraciones Ambientales suscritas por Costa Rica, entre las que se encuentran: Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano de 1972, La Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 y la Declaración de Johannesburgo del 2002, vienen a reafirmar ese poder – deber del Estado de proteger el medio ambiente previniendo acciones que lleguen a degradarlo.[9] De igual forma, subsiste la obligación estatal de sancionar a los sujetos infractores de la normativa ambiental, y de aplicar los principios propios del derecho ambiental internacional.
Al efecto el texto constitucional costarricense en el párrafo segundo del artículo 50 establece “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.” El numeral 41 de la Constitución Política establece “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”. Además, el párrafo segundo del numeral 28 constitucional enuncia “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley”, lo cual viene a marca el terreno en cuanto a la protección y reparación del ambiente, pues interpretando a contrario sensu, el deber del Estado en intervenir en la protección y restauración del ambiente se encuentra supeditado a que las conductas que se les achaque a particulares dañen la moral, el orden público o causen daño a terceros.
Es importante recalcar que la Constitución Política reconoce una serie de derechos y facultades a los particulares que en teoría podrían encontrar roces con el derecho a un ambiente sano. Al respecto, y de conformidad con el principio de lesión, el ejercicio legítimo de un derecho tiene como límites los derechos de los demás y el ejercicio racional del mismo. Por ello, el numeral 22 del Código Civil de Costa Rica establece la teoría del abuso del derecho, por medio del cual la ley no ampara el abuso del derecho ni el ejercicio antisocial de éste, por lo que todo acto o omisión que sobrepase los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño a un tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de medidas judiciales y administrativas que impidan la persistencia del abuso.
De igual forma, y en desarrollo del deber de reparación, el mismo Código Civil de Costa Rica en su numeral 1045 recoge el fundamento de la responsabilidad civil extracontractual “Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios”. Dicho principio llevado al derecho ambiental se encuentra contenido dentro del artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente que al efecto reza “Sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza que les puedan resultar como partícipes en cualquiera de sus formas, los causantes a las infracciones a la presente ley o a las que regulan la protección del ambiente y la diversidad biológica, sean personas físicas o jurídicas, serán civil y solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. Solidariamente, también responderán los titulares de las empresas o las actividades donde se causen daños, ya sea por acción u omisión”.
En concordancia con lo anteriormente expuesto, los artículos 45, 53 y 54 de la Ley de Biodiversidad establecen el deber Estatal en la recuperación, restauración y rehabilitación de los ecosistemas, “El estado tiene la obligación de evitar cualquier riesgo o peligro que amenace la permanencia de los ecosistemas. También deberá prevenir, mitigar o restaurar los daños ambientales que amenacen la vida o deterioren su calidad”; “La restauración, recuperación y rehabilitación de los ecosistemas, especies y los servicios ambientales que brindan, deben ser fomentados por el Ministerio de Ambiente y Energía y los demás ente públicos, mediante planes y medidas que contemplen un sistema de incentivos, de acuerdo con esta ley y otras pertinentes”; “Cuando exista daño ambiental en un ecosistema, el Estado podrá tomar medidas para restaurarlo, recuperarlo y rehabilitarlo. Para ello, podrá suscribir toda clase de contratos con instituciones de educación superior, privadas o públicas, empresas e instituciones científicas, nacionales o internacionales, con el fin de restaurar los elementos de la biodiversidad dañados”.
La reparación ambiental debe ser en la medida de lo posible “in natura” o bien “in pristinum”, al respecto el numeral 99 inciso g de la Ley Orgánica del Ambiente establece “Ante la violación de la normativa de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones: La imposición de las obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la diversidad biológica”.
Tratándose de bosques, la Ley de Aguas[10] en su numeral 151 obliga al infractor a reponer los árboles destruidos en terrenos situados en pendientes, orillas de carreteras y demás vías de comunicación, aquellos que puedan ser explotados sin necesidad cortarlos, así como los situados en terrenos atravesados por ríos, arroyos, o en bosques donde existan manantiales.[11]
En materia de humedales, el artículo 103 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre establece “ Será sancionado con multa de cien mil colones convertible en pena de prisión de uno a dos años, quien drene lagos, lagunas no artificiales y demás humedales, sin la previa autorización de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. Además, el infractor será obligado a dejar las cosas en el estado en que se encontraban antes de iniciar los trabajos de drenaje, para lo cual se faculta a la Dirección precitada, a fin de efectuar los trabajos correspondientes, pero a costa del infractor”.
A la vez, en materia minera el Código de Minería en su artículo 24 establece la obligación del titular del permiso de exploración de “cegar las excavaciones que hiciere y en todo caso, a pagar los daños y perjuicios que causare, a criterio de la Dirección o a juicio de peritos”.
Por último, tratándose de degradación de suelos el numeral 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de suelos establece “Quien contamine o deteriore el recurso suelo, independientemente de la existencia de culpa o dolo o del grado de participación, será responsable de indemnizar, en la vía judicial que corresponda, y de reparar los daños causados al ambiente y a terceros afectados”.
Tal y como lo expone el principio dieciséis de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, quien contamina, debe en principio cargar con los costos de la contaminación, en el entendido que es obligación del Estado individualizar y sancionar a los sujetos cuyas conductas degraden o contaminen el medio ambiente, sancionándolos en la vía que corresponda, y en la medida de lo posible, obligarlos a recomponer el daño ocasionado. Únicamente en el supuesto que esto no sea posible, el deber del Estado queda supeditado a realizar por si mismo la restauración del ambiente, quedando claro que, de uno u otra forma, el ambiente siempre debe ser recompuesto.
El tema de la restauración del ambiente también ha sido desarrollado por la jurisprudencia tanto judicial como administrativa. Un vivo ejemplo de lo anterior lo constituye el principio de irreductibilidad de los bosques esbozado por el Tribunal de Juicio de Cartago y ratificado por el Tribunal Superior de Casación Penal[12], por medio del cual se establece que el espacio territorial con cobertura boscosa es irreducible, ya sea por acción humana o por hechos naturales. De esta forma, cualquiera que lesione el bosque con el propósito de cambiar el destino del terreno o bien, cualquiera que pretenda obtener provecho de los desastres naturales que dañen el suelo forestal, debe entender que no existe forma posible de cambiar el destino del suelo, y que es obligación estatal hacer cuanto sea posible para recuperar el bosque.[13]
que especie naturales animales y vegetales se encuentran en riesgo en Colombia
Ya hay en Colombia más de 1200 especies de animales y plantas en peligro
Recientemente el Ministerio de Ambiente ha dictaminado una resolución para determinar aquellas especies silvestres de la diversidad biológica de Colombia que se encuentren en grave peligro de extinción o estén en una situación de amenaza inminente.
Especies como la abeja verde de La Macarena junto con más de 1.200 especies silvestres de flora y fauna del país, se encuentran amenazadas debido entre otras acciones, al tráfico ilegal y a la destrucción del hábitat.
La resolución resalta que una especie es definida en la categoría de amenazada cuando sus poblaciones naturales se encuentran en riesgo de desaparecer por su rápida reducción en tamaño poblacional o de su hábitat problemática que vienen en crecimiento en Colombia.
Sobre el tráfico ilegal, después del narcotráfico y los negocios de armas, el tráfico de fauna silvestre es el negocio ilegal más lucrativo en todo el mundo, lo que ha llevado a que Colombia, siendo uno de los países más megadiversos del planeta, también es uno de los principales focos de explotación de fauna y flora silvestre.
A diario se registra un promedio de decomiso de 160 animales, principalmente en los departamentos de Sucre, Valle, Córdoba, Santander y Bolívar.
El profesor Héctor Fabio Ramos, director de la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco, destacó la importancia de la formulación de una estrategia de sensibilización, reconocimiento y protección de los recursos naturales a las comunidades y en general a la sociedad para que haya una conciencia real sobre la preservación de la biodiversidad.
“Para evitar procesos como el tráfico ilegal de fauna y flora, es necesario que las comunidades se apropien de sus recursos. Un ejemplo es la red de cooperantes que tenemos en la reserva, conformada por vecinos de la zona que ya conocen la importancia de este relicto de bosque premontano y denuncian cualquier irregularidad que suceda en su entorno”, precisó el experto.
Recordó que en el Código Penal Colombiano se establecen penas de hasta 90 meses de cárcel y multas hasta de 15 mil salarios mínimos, o sea $8.025´000.000 de pesos, para quienes incurran en el delito del tráfico ilegal de animales silvestres.
Sobre la pérdida del hábitat el profesor Joel Tupac Otero, director del Grupo de Investigación de Orquídeas y Ecología Vegetal de la Universidad Nacional, señaló que las estrategias que se están llevando a cabo para el establecimiento de sistemas de producción en los bosques, no son apropiadas para la conservación de estas especies florísticas.
“Es necesario propender por sistemas de producción que tengan en cuenta las especies nativas de cada lugar, no solo para su utilización productiva, sino para que las incluyan dentro de sistemas agroforestales que permitan su conservación”, afirma el docente.
Un ejemplo que menciona Tupac es el cultivo del café, que puede establecerse a través de sistemas de sombrío que permiten el crecimiento de especies de flora nativa y es el hábitat de cientos de especies de fauna que pueden vivir allí.
Los expertos enfatizaron en que el compromiso de conservación no consiste solo en realizar inventarios y listas, debe ser asumido por el Estado en materia económica.Una especie se considera en peligro de extinción, sea vegetal o animal, cuando todos los miembros vivos de dicho taxón están en peligro de desaparecer. Esto se puede deber tanto a la depredación directa sobre la especie como a la desaparición de un recurso del cual depende su vida, tanto por la acción del hombre, debido a cambios en el hábitat, producto de hechos fortuitos (como desastres naturales) o por cambios graduales del clima.
Especies como la abeja verde de La Macarena junto con más de 1.200 especies silvestres de flora y fauna del país, se encuentran amenazadas debido entre otras acciones, al tráfico ilegal y a la destrucción del hábitat.
La resolución resalta que una especie es definida en la categoría de amenazada cuando sus poblaciones naturales se encuentran en riesgo de desaparecer por su rápida reducción en tamaño poblacional o de su hábitat problemática que vienen en crecimiento en Colombia.
Sobre el tráfico ilegal, después del narcotráfico y los negocios de armas, el tráfico de fauna silvestre es el negocio ilegal más lucrativo en todo el mundo, lo que ha llevado a que Colombia, siendo uno de los países más megadiversos del planeta, también es uno de los principales focos de explotación de fauna y flora silvestre.
A diario se registra un promedio de decomiso de 160 animales, principalmente en los departamentos de Sucre, Valle, Córdoba, Santander y Bolívar.
El profesor Héctor Fabio Ramos, director de la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco, destacó la importancia de la formulación de una estrategia de sensibilización, reconocimiento y protección de los recursos naturales a las comunidades y en general a la sociedad para que haya una conciencia real sobre la preservación de la biodiversidad.
“Para evitar procesos como el tráfico ilegal de fauna y flora, es necesario que las comunidades se apropien de sus recursos. Un ejemplo es la red de cooperantes que tenemos en la reserva, conformada por vecinos de la zona que ya conocen la importancia de este relicto de bosque premontano y denuncian cualquier irregularidad que suceda en su entorno”, precisó el experto.
Recordó que en el Código Penal Colombiano se establecen penas de hasta 90 meses de cárcel y multas hasta de 15 mil salarios mínimos, o sea $8.025´000.000 de pesos, para quienes incurran en el delito del tráfico ilegal de animales silvestres.
Sobre la pérdida del hábitat el profesor Joel Tupac Otero, director del Grupo de Investigación de Orquídeas y Ecología Vegetal de la Universidad Nacional, señaló que las estrategias que se están llevando a cabo para el establecimiento de sistemas de producción en los bosques, no son apropiadas para la conservación de estas especies florísticas.
“Es necesario propender por sistemas de producción que tengan en cuenta las especies nativas de cada lugar, no solo para su utilización productiva, sino para que las incluyan dentro de sistemas agroforestales que permitan su conservación”, afirma el docente.
Un ejemplo que menciona Tupac es el cultivo del café, que puede establecerse a través de sistemas de sombrío que permiten el crecimiento de especies de flora nativa y es el hábitat de cientos de especies de fauna que pueden vivir allí.
Los expertos enfatizaron en que el compromiso de conservación no consiste solo en realizar inventarios y listas, debe ser asumido por el Estado en materia económica.Una especie se considera en peligro de extinción, sea vegetal o animal, cuando todos los miembros vivos de dicho taxón están en peligro de desaparecer. Esto se puede deber tanto a la depredación directa sobre la especie como a la desaparición de un recurso del cual depende su vida, tanto por la acción del hombre, debido a cambios en el hábitat, producto de hechos fortuitos (como desastres naturales) o por cambios graduales del clima.
No hay comentarios:
Publicar un comentario